Si el calendario no traiciona la lógica, el otoño abandonará los 30 grados de ayer y el calor dejará de agobiar a los argentinos. El parque eléctrico estará más aliviado. Pero comenzará a llegar el frío, y lo que puede comenzar a escasear es el gas. Estos problemas, que en los últimos años zumban sobre la clase media, son un castigo feroz para millones de familias pobres: a pesar de los anuncios, ninguno de los planes oficiales para abaratar los costos de la energía entre los ciudadanos de pocos recursos está funcionando correctamente. Y varios ni siquiera fueron puestos en marcha.

Semejantes conclusiones corresponden a una investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Existen en Argentina más de 3,4 millones de hogares que no acceden a la red de gas natural y deben recurrir a la provisión de garrafas. A su vez, más de 450.000 hogares no acceden al servicio de energía eléctrica, y sólo en el Conurbano bonaerense existen más de un millón y medio de personas con necesidades básicas insatisfechas”, enumera el informe. “Desafortunadamente, no parece haber existido hasta el momento una política exitosa que permita paliar aquellas desigualdades”, concluye.

Entre los programas analizados, el caso más singular es el de la llamada “Tarifa Social” eléctrica, contemplado en todas las renegociaciones de los contratos celebrados entre el Gobierno y las empresas distribuidoras desde abril de 2005. ¿Su objetivo? Cobrarle una tarifa más barata a los usuarios que, demostrándolo con ciertas pruebas, no puedan afrontar el pago del servicio. ¿El resultado? El programa nunca se implementó.

El Ente Regulador de la Electricidad y el ministerio de Desarrollo Social tardaron dos años para identificar a los potenciales beneficiarios del programa entre los clientes de la empresa Edelap, y otro año más, hasta febrero de 2008, para encontrar a los pobres en el área que atienden Edesur y Edenor. Esa demora no se explica precisamente por la poca cantidad de personas a las que bajarle la tarifa: según los datos oficiales, en el área de Edenor hay un millón de personas con necesidades básicas insatisfechas, y en la zona de Edesur, otras 655.000.

El segundo paso para largar el programa era estimar el presupuesto necesario para el subsidio a los pobres. Un departamento del ENRE calculó hace un año que los más desesperados eran 589.214 usuarios, y que ayudarlos costaría 10,5 millones de pesos por bimestre. Pero esa cuenta nunca fue elevada formalmente ante ninguna autoridad para gestionar el subsidio. El resto de los pasos -la determinación de la financiación y diseño operativo del programa-, ni siquiera se iniciaron.

La Tarifa Social también debía implementarse para los usuarios pobres de gas. Pero la burocracia fue más fuerte: sobre once empresas distribuidoras, sólo cuatro renegociaron su contrato -momento en el cual se incorporaba el programa- y únicamente uno de esos acuerdos, el de Gas Natural Ban, fue ratificado por el Poder Ejecutivo. ¿Entonces esa empresa comenzó a cobrarle menos a sus clientes con menos recursos? Tampoco: según una interpretación mañosa del ente encargado de renegociar los contratos de las privatizadas, “la tarifa social debe surgir de un régimen emanado de una ley del Congreso”.

La falta de gas natural en millones de hogares argentinos -sin ir más lejos, ningún gasoducto grande pasa por las provincias de la Mesopotamia, y el que estaba prometido y proyectado para traer gas de Bolivia fue suspendido- es un problema cuya gravedad crece entre las familias que menos ingresos tienen. Para reducir su impacto, en el 2003 se lanzó el Programa Nacional de Garrafa Social, cuya aplicación presentó tantas deficiencias que en septiembre del año pasado fue reemplazado por un nuevo “Acuerdo de Precio del Gas Licuado de Petróleo”. La Garrafa Social se vendía en muy pocos sitios, y en varios lugares se comprobó que la calidad de su contenido -que nadie controlaba- era sensiblemente menor a la de una garrafa común.

El acceso de los pobres al calor de una estufa tampoco resultó fácil con el Fondo Fiduciario del Gas Licuado de Petróleo, creado por una ley de marzo de 2005 y que se conformaría con la plata proveniente de las multas a las empresas, recursos del presupuesto y distintos aportes de las privatizadas. Pero el tiempo fue pasando, y el fondo para financiar garrafas y tubos de gas envasado destinado a las familias pobres y para expandir las redes de gas natural en las zonas en las que no llegan, recién se implementó en septiembre de 2008, más de tres años después. Y hasta ahora sólo comenzaron a subsidiar la compra de garrafas. Nada se habla aún de hacer las obras que llevarían la solución definitiva -y sobre todo, más barata- a estos clientes.

La desigualdad en el acceso a fuentes de luz y calor, que todos estos programas “sociales” iba a disminuir, se multiplicó dramáticamente con la aplicación de los aumentos tarifarios dispuestos a partir de agosto y noviembre pasado. En estos dos “tarifazos” dispuestos en menos de tres meses, la variable para definirlos fue el nivel de consumo. Una mirada rápida -y desinformada- llegaría a la conclusión de que los clientes que más dinero tienen más consumen, y que por eso deben pagar más. Pero la realidad es más compleja: millones de hogares argentinos que no tienen acceso a las redes de agua y gas, dependen exclusivamente de la electricidad para extraer agua de pozo con sus bombas y, excepto que consigan garrafas baratas, también para calentarse durante el invierno.

“Yo pagué siempre, soy cumplidora. Pero ahora no sé qué voy a hacer”, se angustia Mercedes Coronel en su casa de Villa Tesei. Como los prometidos caños con el agua de red no llegan hasta allí, el ronroneo constante del motor que saca agua de un pozo casero le permite vivir a ella y a las 24 personas que comparten el mismo terreno ocupado por tres casitas humildes. Pero el motor consume electricidad, y no hay modo de evitarlo. Hace dos meses, las boletas de 470 pesos saltaron a 1.360, casi el triple. “Mi marido es operario en una fábrica, gana 1.600 pesos por mes. ¿Cómo iba a pagar esa factura? La asociación de consumidores Aduco me acompañó a Edenor para explicar que no podía pagar más. Ahí me dijeron que pagara lo mismo que en la boleta anterior, hasta ver cómo resolvía todo el Gobierno. Pero ahora me llegó una boleta en las que me sumaron todo: 2637,42 pesos, y acaba de vencer. Yo no la puedo pagar, y tengo entendido que no me pueden cortar la luz. Y si me cortan la luz me dejan sin agua. Yo quiero que entiendan que no somos clase media alta, no cobramos tres mil pesos por mes”, se desespera Mercedes.

Como única defensa, los usuarios más pobres pueden pedir que los eximan del aumento. Para hacerlo, deben justificar su pobreza en las oficinas de las empresas que los atienden. Pero este mecanismo tampoco está mostrando resultados. En el área atendida por Edesur, donde 725.000 personas no tienen agua de red y 690.000 no acceden al gas en red, sólo lograron zafar del aumento tarifario 579 usuarios. En la zona atendida por Edenor, fueron eximidos de pagar 2.908 clientes, uno de tres de quienes lo solicitaron. Poquísimos, si se tiene en cuenta que allí hay 2,4 millones de personas sin agua de red y 1,4 millón sin un caño de gas en su casa.

Otro detalle: el dinero recaudado por los aumentos -unos 300 millones de pesos por año- debería ser utilizado íntegramente para financiar “inversiones que mejorarán el servicio”. Sin embargo, ante un pedido de acceso a la información pública formulado por la ACIJ, Edesur respondió que esa plata iría a “cubrir sus costos operativos” y Edenor contestó que esos recursos no están siendo contabilizados en ningún fondo especial. Es decir, ningún rastro de las mejoras del servicio.

El tarifazo del año pasado también llegó a los usuarios de gas natural. Junto con la autorización de ese aumento, en septiembre pasado, la secretaría de Energía obligó a las empresas productoras de gas natural a aportar un mínimo de 450 millones de pesos de ese dinero para el fondo fiduciario previsto en 2005, y también se acordaron los precios con que todas las empresas deben vender las garrafas al público: 16 pesos la de diez kilos, 20 pesos la de 12 kilos y 25 pesos la de 15 kilos. El cumplimiento de este acuerdo es clave para poder llevar tranquilidad a las familias que dependen del gas envasado. Pero el diseño de este programa también muestra algunas deficiencias que podrían hacer peligrar su éxito: el acuerdo tiene una fecha de vencimiento -el 1 de diciembre próximo- y sólo será prorrogado por expresa voluntad de las partes; no se aclara cuáles serán los volúmenes de gas licuado que las productoras destinarán a satisfacer la voraz demanda interna; todavía no está asegurada la venta de garrafas en estaciones de servicio y otros puntos de venta de fácil acceso para los vecinos (una falencia que hizo naufragar al plan de la Garrafa Social); y no se estableció con qué periodicidad las empresas se comprometen a proveer de garrafas a los locales de venta. Otro nuevo programa similar creado hace tres meses para garantizar la distribución de gas envasado en todo el país, “Garrafa para Todos”, presenta exactamente las mismas dudas.

El co director de la ACIJ, Gustavo Maurino, recuerda que “nuestra Constitución garantiza la igualdad ante la ley, la no discriminación y la protección institucional a los grupos e individuos más vulnerables. También ordena el trato digno y equitativo a los usuarios en la provisión de servicios públicos monopólicos y la protección de sus intereses económicos. Pero estos compromisos constitucionales contrastan con la postergación estructural que sufren los más humildes en relación con el acceso y la calidad de los servicios que reciben”. Y concluye: “Esto es inadmisible.”

 

Fuente: Clarín

 

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