Seis años después del primer brote de este hecho delictivo en San Marcos, las autoridades de Gobierno han tomado conciencia que esta actividad ilícita propicia más la ingobernabilidad y se extiende por todo el país. Además, agrava el riesgo de un efecto dómino en el sector energético que sería perjudicial para el desarrollo que ha alcanzado el mercado de generación eléctrica. Los problemas surgen en cualquier momento, el caso más reciente sucedió ayer cuando pobladores de La Democracia, Huehuetenango, bloquearon el paso vehicular, en el kilómetro 334 de la carretera Interamericana, camino a La Mesilla, para protestar por los cortes de Energía.

El robo de energía eléctrica se ha convertido en una pesadilla para el mercado eléctrico que amenaza con echar por los suelos el desarrollo que ha alcanzado en la última década, sobretodo en la agilización del crecimiento en la oferta por parte de generadores privados que ha permitido satisfacer la demanda social y productiva del país, y producir un superávit de mil megavatios (MW) que es exportado a países vecinos.

Adicionalmente, la matriz energética se ha diversificado gradualmente hasta la completa transformación del sector que ya no depende de los derivados del petróleo para generar electricidad (un 50%) como ocurría hace más de 15 años.

En ese contexto, el robo de energía en el interior del país debe verse como una luz roja en el tablero y una consecuencia más del clima de ingobernabilidad e impunidad en el que Guatemala se ha visto sumergida por la presencia de grupos ilegales que fomentan esta actividad ilícita.

Ahora los problemas surgen en cualquier momento y en diferentes puntos del país. Por ejemplo, ayer  pobladores de La Democracia, Huehuetenango, bloquearon el paso vehicular, en el kilómetro 334 de la carretera Interamericana, camino a La Mesilla, para protestar por los cortes de Energía. También pobladores de varios municipios en la región fronteriza de Huehuetenango con México manifestaron este lunes para protestar porque no tienen electricidad.

Vecinos de varias comunidades de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, bloquearon el pasado lunes durante más de 15 horas la ruta al Atlántico, acusando a Energuate de hacer cortes por la cantidad de conexiones ilegales en esa área.

Sin embargo, Mynor Amezquita, vocero de Energuate, asegura que la empresa no suspende el servicio  y los cortes se deben a la gran cantidad de conexiones ilegales en el sistema. En el caso  de San Cristobal Acasaguastlán, nueve de cada diez usuarios están conectados de manera ilegal, mientras en Huehuetenango la subestación Las Guacamayas está ocupada por vecinos desde enero de este año.

En la siguiente tabla se describe el servicio de energía eléctrica que se brinda en varios departamentos del país y el grado de conflictividad derivado del robo de energía.

El anuncio de una Fiscalía contra el robo de energía es considerada en el sector un aliento de esperanza para perseguir este delito que en los dos últimos años (2012 y 2013) dejó pérdidas por Q641 millones a Energuate, distribuidora que vende la electricidad a  usuarios en 20 departamentos del país.

Héctor Herrera, ejecutivo de esa empresa, desglosa esas pérdidas en Q110 millones por energía robada y Q531 millones por facturación que no han sido cancelados por usuarios que se han declarado en resistencia de pago.

Sin embargo, la actividad ilícita no es nada nueva. Surgió a partir de 2008 en varios municipios de San Marcos mediante conexiones ilegales al sistema de distribución, con el argumento de los altos precios de la electricidad y la bandera de la nacionalización.

Los mapas describen la expansión que en cinco años han tenido los puntos de riesgo en el robo de energía, por medio de conexiones ilegales.

Este movimiento liderado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (FRENA), se extendió en 2009 a comunidades de la costa de Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, con una forma de accionar similar: creación de pequeños grupos en cada población que se encargan de cobrar a los vecinos el pago mensual por el servicio.

Entre 2010 y 2013, el problema se generalizó en Huehuetenango y en otros departamentos del norte y oriente del país. En la actualidad, de los 1.538.360 usuarios que sirve Energuate, unos 248 mil están ubicados en áreas de conflictividad en nueve departamentos del país, entre los que sobresale San Marcos (80.614) y Huehuetenango (60.146).

El robo de energía en el interior del país debe verse como una luz roja en el tablero y una consecuencia más del clima de ingobernabilidad e impunidad en el que Guatemala se ha visto sumergida por la presencia de grupos ilegales que fomentan esta actividad ilícita.

 

El efecto dominó

El viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, asegura que el robo de energía eléctrica se ha vuelto una preocupación para el Gobierno, para los distribuidores y generadores. “Imagine usted, si un distribuidor no puede cobrar la energía, tampoco podría pagar a los generadores. Incluso se podría llegar a la quiebra y generar un efecto dómino que causaría problemas al mercado”, afirma el funcionario.

Y a pesar que las autoridades han establecido que el robo de fluidos está tipificado en los artículos 249 y 254 del Código Penal, 588 denuncias presentadas por Energuate, no han caminado. De este total, 433 pertenecen a San Marcos, el departamento con más conflictividad social.

Energuate ha utilizado los medios legales que le faculta el Estado de Derecho para proceder en contra de los dirigentes de estas agrupaciones, que no solo vulneran los derechos de la distribuidora y sus empleados y contratistas, sino que de forma lamentable terminan perjudicando a las propias comunidades, afirma Héctor Herrera.

El viceministro Rodas asegura que se buscan otras alternativas para que el precio de la energía eléctrica baje “para quitarle banderas a CODECA”. Entre las acciones es como focalizar más el subidio para que este llegue a las personas de escasos recursos. Sin embargo, Rodas señala que ya el subsidio a las tarifas sociales le ha costado Q1, 200 millones al INDE.

También hay una solicitud de Energuate para que se le compensen las pérdidas no técnicas por el robo de energía. Eso lo veo un poquito complicado, asegura Rodas. También Herrera estima que la CNEE no va aceptar que se les cobre a los que pagan, por los que no lo hacen, porque “sería un abuso”.

Otra de las propuestas es impulsar la Ley de Alumbrado Público, con la finalidad de mejorar la regulación de dicho servicio, hacer proporcional el cobro de este servicio al consumo y capacidad de pago de los consumidores.

Seis de cada diez usuarios pagan más por el alumbrado público que por lo que consumen en sus hogares. La forma en la que es administrado ese cobro ha incrementado la inconformidad social, señala el viceministro Energía y Minas.

“Yo creo que fue un error dejarles a las municipalidades la responsabilidad de ese tipo de servicios, pero quitarles a las comunas esas tasas sería agravar el problema, porque dejarían de pagarles al distribuidor y esto tendría el efecto dómino. Por lo que una norma para regular el cobro y evitar abusos sería la solución para bajar la factura y quitarle banderas a CODECA, expresa Rodas.

Ahora, habrá que esperar los resultados de las acciones que tomó el Gobierno y el trabajo que lleve a cabo la nueva fiscalía que perseguirá penalmente este delito, para evaluar si acaban con el clima de ingobernabilidad, por lo menos, en el área de la distribución de electricidad.

 

Delitos a perseguir por la Fiscalía

• Hurto y robo de fluidos (Código Penal artículos 249 y 254)

• Atentado contra los servicio de utilidad pública

• Cobro ilegal de servicios

• Estafa

• Defraudación tributaria

• Instigación a delinquir

 

Fuente: República.Gt

 

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