La imaginación de los estafadores parece no tener límites. En el intento por “ahorrar” energía sin disminuir el consumo, algunos clientes caen en manos de timadores profesionales, que haciendo gala de un discurso increíble, venden artefactos que prometen reducir mágicamente el consumo eléctrico. Estos dispositivos, publicitados como tecnología electrónica de avanzada apelan, sin más ni menos al fraude.
Recientemente la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE), detectó entre sus clientes el uso de unos aparatos que se conectan a la red eléctrica domiciliaria para disminuir el consumo y eran ofrecidos para la venta a un precio de 400 pesos para la conexión monofásica y 700 para la trifásica.
Tecnología fraudulenta
El aparato, que aparentaba poseer una serie de componentes electrónicos avanzados, en realidad apelaba al viejo fraude por el cual se interrumpía el neutro y se usaba un neutro artificial –un cable a tierra-. Así, la única tecnología que tenía era un transformador de 220 a 12 voltios, que cumplía la función de accionar dos luces de colores que indicaban cuando se estaba desviando el neutro y dos perillas para accionarlo.
El neutro artificial
Cuando se comete fraude con un neutro artificial, el medidor se detiene y deja de registrar el consumo. Si bien no es el procedimiento más común para intentar estafar a EPEC, es fácilmente detectable en cualquier inspección, como todos los fraudes.
En Santa Fe, la Justicia todavía está investigando el accionar de las personas implicadas en este delito, ya que no queda del todo claro, si el cliente que compraba este aparato, sabía o no que estaba cometiendo un delito en contra de la empresa santafesina, debido a que el comprador pagaba una suma elevada por un procedimiento que podía realizar una persona con conocimientos de electricidad por mucho menos dinero. Este hecho ratifica la afirmación que cuanto más alto es el nivel económico, más elaborada es la defraudación.
Hurto de energía: hace un año la EPE advertía “vamos por todos”
Con tarifas congeladas y un retraso de las inversiones que debe cubrirse con fondos que -en buena medida- no provienen de la empresa estatal, la EPE anunció hace un año que se iba a tomar en serio la lucha contra el fraude eléctrico. Las acciones, los anuncios y lo mucho que resta por hacer.
Tiene antecedentes muy concretos el megaoperativo que en nuestra ciudad terminó con 29 clientes de la EPE momentáneamente demorados por la Policía, por hurto de energía.
El hecho se conoció ayer pero, las incómodas visitas de los patrulleros a los domicilios y los comercios, se desarrolló el martes por la tarde. Y según Dante Adalia, gerente de Control de Pérdidas de la empresa, existen pruebas suficientes que comprometen a otros cien usuarios del servicio en la capital provincial a los que ya se les detectaron mecanismos de fraude.
Aunque esta semana los santafesinos vieron el final de un capítulo de una investigación judicial -que involucró a las Tropas de Operaciones Especiales-, lo que le ha ocurrido es el producto de una decisión política, tomada hace un año.
El problema es que esta determinación llegó cuando a la conducción de la EPE, y al influyente sector sindical de Luz y Fuerza, no le quedaba ninguna otra opción.
Más claramente lo dijo el titular de la empresa, Luis El Halli Obeid, en mayo de 2006: “Si no hay avances concretos en la lucha contra el fraude eléctrico, la empresa no tendrá destino”.
De las metas a los hechos
Hace un año, la EPE llevó a cabo un seminario sobre Control Integral de Pérdidas, al que concurrieron más de 300 empleados de la compañía. Se celebró en Rosario, y además de los agentes de redes, gerentes, contadores, ingenieros y técnicos que expusieron el problema puertas adentro, del encuentro también participaron jueces, autoridades y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Gobierno.
Las charlas, las cifras, los debates y comparaciones con otras empresas distribuidoras del país, tuvieron la virtud de no ocultar el problema. Todos mostraron que Santa Fe debe restablecer el orden sobre sus clientes, y asegurarse que se pague lo que se consume, un principio básico para cualquier servicio público.
El entonces interventor de la EPE -hoy presidente del directorio- advirtió sobre el riesgo de la “indisciplina del mercado” por el hurto de energía entre quienes están en condiciones de pagar y (en menor medida) por el consumo irracional de los enganchados en los barrios pobres.
Se subrayó que no estaba habilitado el perverso mecanismo de incrementar tarifas según creciera la ineficiencia, al recargar los sobrecostos del hurto en el conjunto de los usuarios.
Lo que resta
En aquel seminario -al que también pudieron asistir periodistas- se trazaron los objetivos, expresados en números.
Por entonces se trataba de atacar el 13 % de la energía que se compraba y distribuía, pero no se cobraba (sin contar las pérdidas técnicas naturales, propias de cualquier sistema eléctrico).
Hoy, ese porcentaje bajó 3 puntos. Así es que subsiste un 10 % de las llamadas pérdidas “no técnicas”, es decir por hurto en la clase media y alta y de los enganchados en los barrios pobres.
Obeid afirmó hace un año que en 2006 las pérdidas debían bajarse en 4 puntos: se logró hacerlo en 3 puntos (uno menos de lo previsto). Y sobre 2007 se plantearon otros 4 puntos.
Ante el problema del hurto en capas medias y de los colgados en sectores más pobres, las soluciones deberán ser -necesariamente- distintas.
Para quienes pueden pagar y no lo hacen, la empresa cuenta con un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional que le permite auditar con frecuencia los consumos y advertir (con mucha precisión) dónde se distribuye más energía que la que se cobra.
Además, para revertir la proliferación de medidores tocados, puentes y otros trucos que se ofrecen sin disimulos, la compañía cuenta con sus propios inspectores y un trabajo que -según esta semana se pudo comprobar- se desarrolló desde el ámbito judicial, como para -por ejemplo- poder seguir las llamadas telefónicas de los electricistas que se dedican a estos servicios ilegales.
Revertir una década
En cambio, sobre el problema social poco se ha avanzado. No hay control de ningún tipo sobre el uso irracional de la energía, y su parque de electrodomésticos sin dudas ha crecido: son usuarios de hecho, no de derecho, y obviamente ni siquiera están inscriptos en las facturas. Desde la EPE, sólo se atina a sostener que (como con las privatizadas de Capital Federal y el Gran Buenos Aires) de esos gastos sociales debería hacerse cargo el Estado.
De los 10 puntos de pérdidas no técnicas que la EPE debe combatir, 4 son “sociales” y aunque susceptibles de ser ordenados, hay allí unas chances muy bajas de recupero en pesos.
Importa entonces poner el foco sobre los 6 puntos restantes de quienes -en cambio- reciben cada dos meses la factura y mediante algún ardid engañan al medidor.
De acuerdo con la versión oficial, los tres puntos de pérdidas recuperadas en 2006 significaron un alivio de caja de unos 30 millones de pesos. Y según lo previsto por la EPE, en 2007 deberían recuperarse otros 50 millones.
Para alcanzar ese estándar de calidad en el control, la empresa debería bajar el fraude eléctrico en por lo menos otros 5 puntos (sobre 6 “disponibles”). Eso sería lograr una disciplina de pago casi total entre los clientes regulares, dejar en apenas 1 % el hurto, y reducir las pérdidas a los barrios pobres, como ocurría -en términos estadísticos- hasta mediados de los ’90.
Fuentes: Revista Conectados – EPEC – El litoral.com
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