Pérdidas no técnicas
Ilícitos y robo de energía - Un problema extendido en Córdoba


Luego de la crisis que azotó a la Argentina en 2001, con un consecuente agravamiento de las condiciones de pobreza de amplios sectores de la población, EPEC sufrió, desde mediados de ese año, una significativa pérdida de clientes que sólo recuperó a partir de marzo de 2003. Es evidente que gran parte de los usuarios, generalmente de bajos recursos, no pudieron continuar abonando el servicio al caer en una situación precaria. No obstante, esto no significó que dejaran de consumir energía eléctrica, sólo que continuaron haciéndolo de manera clandestina.

El robo de energía eléctrica y los daños que ocasiona, representa para las distribuidoras eléctricas argentinas una pérdida media del 5% de la energía comprada anualmente, mientras que en Córdoba esta cifra llega a un 12%

Factores económicos y culturales

El robo de energía eléctrica y los daños que ocasiona, representa para las distribuidoras eléctricas argentinas una pérdida media del 5% de la energía comprada anualmente, mientras que en Córdoba esta cifra llega a un 12%. Aunque el problema actualmente continúa ligado a factores económicos, también subyace un fuerte componente cultural. Así se explica, porqué en los sectores medios y altos el fraude también tiene una gran incidencia que genera pérdidas sustanciosas a la Empresa.
Conscientes de que representa un gran perjuicio que resiente la calidad del servicio que se le presta al cliente, el combate al fraude se convirtió en una política fundamental de la Empresa. Hoy tiene como objetivo, reducir este índice al mismo nivel que la media nacional, obviamente sin perder las características propias de una empresa pública con función social como es EPEC.

Estrategia multifrontal

Para afrontar el problema de las pérdidas no técnicas (PNT), como se llama al robo de energía y sus consecuencias, se elaboró una estrategia multifrontal basada en cuatro puntos: la acción económica con la implementación de la tarifa social; una acción tecnológica con el Plan Nuevas Redes y los medidores electrónicos; una acción operativa que reforzó los operativos para detectar ilícitos y una acción educativa, que con la ayuda de la Unidad Educativa para el Consumo de Energía (UECE), consigue integrar al sistema legal a los usuarios clandestinos de los barrios y asentamientos urbano-marginales mediante la concientización y la educación.


La tarifa social

Es uno de los programas pioneros en la Argentina en atender la demanda de quienes no puede acceder al servicio por razones económicas.
Vigente desde noviembre de 2001, la tarifa social es otorgada por el Ersep luego de un estudio de la situación socioeconómica del usuario que ubica a los potenciales beneficiarios en una de las tres categorías: carenciados, indigentes y usuarios sin medición del Programa Nuevos Barrios (villas erradicadas). Este plan, en seis años ha sumado a 69.600 usuarios al sistema eléctrico legal y durante el año pasado reportó 5,1 millones de pesos en facturación, que de no mediar la tarifa social, probablemente se hubieran perdido en conexiones clandestinas. Los beneficiarios de la tarifa social, hoy representan el 9,6% de la masa de clientes residenciales de la Empresa y se distribuyen en un 60% en la Ciudad de Córdoba y el 40% restante en el interior.

Vigente desde noviembre de 2001, la tarifa social es otorgada por el Ersep luego de un estudio de la situación socioeconómica del usuario que ubica a los potenciales beneficiarios en una de las tres categorías: carenciados, indigentes y usuarios sin medición del Programa Nuevos Barrios (villas erradicadas).

Para dar un ejemplo del beneficio concreto que recibe el usuario con tarifa social, hay que comparar los 78 pesos pagados por un cliente residencial por 300 kilovatios/hora, frente los 26,6 que paga el usuario carenciado, los 17,6 del cliente sin medición y los 10,6 de un usuario indigente. Esto no sólo redunda en la percepción de nuevos clientes, sino que evita e EPEC
el costo de reparación de líneas y transformadores destruidos por sobreconsumo y vandalismo.
Si bien, todavía existen amplios sectores con conexiones clandestinas que generan graves problemas técnicos a la Empresa, sobre todo en la capital y el Gran Córdoba, los resultados son alentadores.

Inversión tecnológica

El fraude y el robo de energía no sólo se resuelve subvencionando la tarifa. Los sectores de bajos recursos, además poseen una infraestructura deficiente, insegura y vulnerable.
Para dar una solución definitiva, EPEC puso en marcha un plan de obras dividido en dos segmentos. Por un lado, el sector carenciado recibe respuesta a través del reemplazo de las líneas desnudas por preensamblado antifraude en 60 barrios populares, mediante el Plan Nuevas Redes.
El plan ya finalizó más de 1.700 de las 4.250 manzanas que tiene previsto preensamblar y se complementa con el programa de erradicación de villas del gobierno provincial.
Tanto en las villas como en los nuevos barrios sociales, se suman clientes a los cuales se le instala el servicio de tarifa social con medidores o limitadores de tensión.

La experiencia demuestra que las barreras tecnológicas, legales y comunicativas resultan insuficientes a la hora de frenar las conexiones clandestinas

Más medidores

En el otro segmento, con mayor alivio económico, se encaró un plan de sustitución de medidores electromecánicos por otros electrónicos. Tanto en el sector residencial como el comercial de la Ciudad de Córdoba, ya se sustituyeron un poco menos de los 210 mil aparatos de medición que se tiene previsto alcanzar para final de 2007. En el recambio se ha puesto mayor énfasis entre los usuarios comerciales donde el fraude resulta muy dañoso en términos económicos para EPEC. Entre los usuarios residenciales y comerciales, los ilícitos responden a factores culturales asociados al lucro y la “viveza criolla” en la comisión de delitos y no a las condiciones económicas del usuario.

Educación para el cambio

La experiencia demuestra que las barreras tecnológicas, legales y comunicativas resultan insuficientes a la hora de frenar las conexiones clandestinas.
Un camión de EPEC repudiado a cascotazos mientras realizaba el tendido de cables preensamblados en Villa El Libertador durante abril y mayo de 2000, es un ejemplo que ilustra la situación.
Pareciera que el progreso es recibido a pedradas en los sectores donde el robo de energía es masivo y la infraestructura es deficiente. Por esta razón surgió la Unidad Educativa para el Consumo de la Energía (UECE), una unidad móvil que desde el año 2000 organiza talleres comunitarios en barrios populares de Córdoba, cuyo objetivo es acortar la brecha educativa en relación al servicio eléctrico.

A través de operativos de saturación, varias cuadrillas con vehículos identificados realizan inspecciones masivas acompañadas por personal policial Este tipo de operativos tiende a desalentar el fraude por el temor a la condena social.

Talleres comunitarios

La acción de la UECE tiene actualmente tres premisas fundamentales: concientizar sobre los riesgos del uso clandestino de la energía, educar sobre el consumo eficiente de la misma e instruir sobre la tramitación de la tarifa social ante el Ersep. Esta unidad actúa tomando contacto previo con los referentes comunitarios para detectar problemas y presentar las propuestas de la Empresa. Luego se realizan los talleres con los vecinos donde se presentan las obras que se realizarán y sus ventajas.
En un segundo paso, se los educa sobre las formas de disminuir el consumo eléctrico indiscriminado, alertando sobre los daños provocados a la redes que terminan por perjudicar a toda la comunidad.
Y lo más importante, alertar sobre el peligro de los “ganchos” que provocan heridos y víctimas fatales, mayoritariamente entre los niños.

Acción operativa - Detección de ilícitos

Finalmente existe una cuarta estrategia que complementa a las anteriores. Con la acción operativa, la Empresa busca disuadir a los usuarios que roban energía o cometen fraude.
EPEC cuenta a su disposición con ocho coordinadores, 31 inspectores de ilícitos, 34 cuadrillas contratadas y 40 policías para realizar los operativos de inspección. Así, desde enero a abril de este año, se realizaron 17 mil inspecciones donde hubo 7 mil fraudes constatados. Para la
Empresa significó un recupero de 2,5 millones de pesos. Con esta modalidad, durante 2006, esta cifra se elevó a 8,3 millones de pesos.

También se realizan inspecciones puntuales por denuncias o como resultado de investigaciones de consumo

Operativos de saturación

Las inspecciones también se realizan segmentando a los usuarios clandestinos. El objetivo principal de los inspectores es detectar las conexiones ilícitas y los distintos métodos para estafar a la Empresa en los barrios con capacidad de pago o entre los usuarios comerciales que no tienen ninguna justificación social para ese delito. A través de operativos de saturación, varias cuadrillas con vehículos identificados realizan inspecciones masivas acompañadas por personal policial Este tipo de operativos tiende a desalentar el fraude por el temor a la condena social.

Investigaciones

También se realizan inspecciones puntuales por denuncias o como resultado de investigaciones de consumo. EPEC ha resuelto que las inspecciones que hace el Laboratorio de Medidores a los grandes clientes se realicen dos veces al año, ya que cualquier ilícito de estos usuarios puede perjudicar severamente a la Empresa.

Retiro de ganchos

El hecho que se implemente planes para mejorar el servicio y la tarifa social en los sectores urbano-marginales para desalentar el uso del gancho, no implica que no se realicen el retiro de las conexiones clandestinas, ya que producen cuantiosos daños a la red eléctrica. A diario se cortan cientos de ganchos en barrios y asentamientos.
De este modo, las cuadrillas de EPEC realizaron durante los primeros cuatro meses del año, el corte de más de 10 mil conexiones clandestinas masivas.

El hecho que se implemente planes para mejorar el servicio y la tarifa social en los sectores urbano-marginales para desalentar el uso del gancho, no implica que no se realicen el retiro de las conexiones clandestinas, ya que producen cuantiosos daños a la red eléctrica. A diario se cortan cientos de ganchos en barrios y asentamientos.

Falta de condena social

La extensión del fraude eléctrico se ha visto alentado no sólo por los factores económicos y culturales, sino que se percibe que este delito tiene muy bajo riesgo de sanción. La desaprensión y la falta de condena social que existe en las grandes ciudades ayuda a incrementar el fraude, algo que no sucede en los pueblos del interior donde este delito es prácticamente nulo y el vecino no lo ve como una “picardía” sino como un falta.




Fuente: Conectados - EPEC


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